El fiscal general de Panamá, Eduardo Ulloa, dijo este martes que se investiga a una persona, que ya fue identificada, por amenazar de muerte al presidente panameño, Laurentino Cortizo, y a su familia.
La amenaza "directa" de muerte al jefe del Estado panameño y a su familia fue proferida por esta persona, que aparecía encapuchada en un viedo difundido en redes sociales en una fecha no precisada por el titular del Ministerio Público.
"Sobre ese video ya se adelantaron toda una serie de investigaciones, hemos logrado determinar la identidad del sujeto, ya se le ha logrado ubicar y estamos procesando más información a fin de perfeccionar más este caso", dijo Ulloa en una entrevista con la cadena local TVN.
El procurador general (fiscal general) no precisó si el sospechoso ha sido detenido ni dio ninguna seña sobre su identidad, mientras que en el Twitter del Ministerio Público se indicó que la investigación de este caso está en manos de la Fiscalía Superior Metropolitana.
Cortizo, de 67 años, asumió el gobierno el pasado 1 de julio para el período 2019-2024 tras ganar las elecciones de mayo por estrecho margen de la mano de su Partido Revolucionario Democrático (PRD).
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SE INVESTIGAN SUPUESTAS IRREGULARIDADES EN COMPRAS ESTATALES
Ulloa sostuvo que el Ministerio Público ha abierto varios expedientes sobre supuestas irregularidades en las compras directas que está haciendo el Gobierno en el marco de la crisis del COVID-19, así como en la ejecución de programas de ayuda social.
El caso más llamativo es el de la compra a precios exorbitantes de unos respiradores para pacientes graves de COVID-19, que se sigue investigando pese a que la transacción se vio frustrada por el retiro de la oferta de la empresa y la renuncia del funcionario a cargo, el ahora exviceministro de la Presidencia Juan Carlos Muñoz.
"Se investiga para determinar si hubo o no un delito" recordó el fiscal general, que precisó que la averiguación es entorno "al acto de contratación" y las pesquisas determinarán "la vinculación de funcionarios" con las presuntas irregularidades, si es que las hay.
En todo caso, dijo Ulloa, en el marco de esta pandemia "no es que esté prohibido que el Estado contrate", pero la emergencia sanitaria "no es óbice o excusa para que se lesione el patrimonio de Estado".
Así, el Ministerio Público investiga además un contrato de la Caja del Seguro Social con una empresa mexicana por 168 millones de dólares, otro para la compra de mascarillas por el Parlamento y la posible corrupción en la entrega de bonos y bolsas de comida a los sectores más golpeados por la crisis del nuevo coronavirus.
"No se imagina la cantidad de video que nos llegan" con denuncias de supuestas irregularidades en la entrega de un bono de 80 dólares mensuales y de bolsa con alimentos básicos no perecederos que distribuye el Ejecutivo como parte de llamado plan Panamá Solidario, aseveró Ulloa.
Panamá, que registraba hasta el lunes 167 fallecidos y 6.021 casos confirmados de COVID-19, se encuentra bajo cuarentena indefinida desde el pasado 25 de marzo, aunque dos semanas antes de esa fecha ya se habían cerrado las escuelas, los comercios e industrias no esenciales, y prohibido las aglomeraciones.
